“La agricultura ecológica tiene un valor importante como solución al cambio climático”

Reducir al menos un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero y conseguir que como mínimo el 27% del consumo total de energía proceda de energías renovables son dos de los objetivos clave de la Unión Europea para 2030. Para conseguirlo, las administraciones estatales, regionales y locales comienzan a incorporar este compromiso en sus políticas. Tras la recién aprobada Ley Catalana del Cambio Climático, se presenta ahora la de la comunidad autónoma pionera en emprender acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, Andalucía, cuya Ley de Cambio Climático se ha elevado ya al Parlamento y entrará en vigor en 2018. La secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno andaluz, Belén Gualda González, responde a las preguntas de Ecovalia.

 

 

 Andalucía es pionera en España en la elaboración de una ley propia para mitigar el cambio climático y adaptarnos a él, basada en una larga trayectoria de acciones previas. ¿Cuándo y cómo surge esta iniciativa? ¿Qué andadura presenta la Junta de Andalucía en el trabajo por el clima?

Efectivamente, Andalucía lleva más de 20 años trabajando en la mitigación del cambio climático. La especial vulnerabilidad de esta comunidad autónoma ante este fenómeno implicó la necesidad de comprometernos con este tema. Somos vulnerables por la variabilidad climatológica que tenemos. Además, abundan los fenómenos extremos, a lo que se une el amplio litoral, muy sensible a los cambios del nivel del mar. Hace 20 años se comenzaron a estudiar estos fenómenos y se culminó con la Estrategia Andaluza de Cambio Climático en 2002. El proceso en el que actualmente estamos inmersos significa darle rango de ley a las medidas que ya estábamos desarrollando y cubrir el vacío legal que hay ahora mismo en la regulación de las emisiones difusas de gases de efecto invernadero, que suponen el 55% de las totales.

¿Qué implicaciones hay con otras administraciones (estatal, locales)?

En Andalucía ha habido una colaboración especialmente estrecha con las entidades locales, que también son pioneras en la lucha contra el cambio climático. Tenemos unos 550 municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes, lo que nos convierte en la región con más participación de toda Europa. Estos municipios vienen desarrollando de forma voluntaria los Planes de Acción de energía sostenible, que contemplan muchas modalidades de acción contra el cambio climático. La ley va a establecer obligatoriedad para los municipios de más de 50.000 habitantes, pero es un trabajo que ellos ya tienen muy adelantado. 

En relación con el Gobierno Central, la colaboración es muy estrecha. Ahora mismo ellos tienen en consulta pública previa la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a nivel nacional. Andalucía ha ofrecido al Ministerio todo el conocimiento y experiencia que tenemos en esta materia.

¿Hay otras comunidades autónomas que estén trabajando en la misma línea?

Con respecto a otras comunidades, yo considero que Andalucía es la que más acciones visibles está poniendo en marcha de lucha contra el cambio climático. Sí es cierto que Cataluña, en materia de regulación, acaba de tramitar su Ley de Cambio Climático, pero la trayectoria de Andalucía es absolutamente pionera, y es algo que siempre se pone de manifiesto en las jornadas de ámbito estatal que se centran en este tema. Ellos han ido con la norma por delante de las acciones y nuestra norma recoge ya muchas de las acciones que desde hace 15 años estamos implementando.

¿Qué objetivos persigue esta Ley?

La Ley persigue fundamentalmente un cambio en el modelo de sociedad, que se oriente -tanto en el sector público, como en el privado, como desde el punto de vista del propio ciudadano- hacia la consideración del cambio climático como política transversal. Eso significa que todas sus políticas sectoriales de la Administración autonómica y de los Ayuntamientos tengan en consideración tanto la reducción de emisiones como la gestión adaptativa, el prepararnos para ser menos vulnerables a los impactos del cambio climático. Y también implica que, a su vez, el sector empresarial tenga en cuenta el cambio climático en su planificación. A través de instrumentos específicos que establecemos en la Ley, como es el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, obligamos a implantar un Plan de reducción a todas las instalaciones de Andalucía que pueden ser contribuyentes a las emisiones, ya sean públicas o privadas. De esa forma, llegamos a la planificación sectorial de las Administraciones y del sector empresarial por áreas estratégicas, y a través de éstas llegamos al ciudadano. Una de las áreas estratégicas de la Ley es, por ejemplo, el transporte, que en su política sectorial tendrá que tener en consideración la mitigación, la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático; el objetivo que le marquemos al transporte a través de la Ley se trasladará en toda la política sectorial de la Junta de Andalucía y de los Ayuntamientos, que tendrán que cumplir ese objetivo de emisiones y de adaptación y eso tendrá su consecuencia sobre el ciudadano de a pie. Ese es el cambio cultura¿l?.

¿Qué ámbitos aborda?

La Ley se articula en tres bloques fundamentales: la mitigación, la adaptación y la comunicación, porque otro objetivo de la ley es mejorar el conocimiento sobre cambio climático en dos vertientes: en cuanto a lo que son los estudios y los instrumentos -la Red de Observatorios de Andalucía, los Escenarios Climáticos, etc.-, para que todas esas políticas sectoriales estén diseñadas sobre una base científica; y, por otro lado, que la ciudadanía tenga conocimiento de lo qué es el cambio climático, porque la sensibilización ciudadana nos ayudará a poder implantar la ley con muchísima más facilidad.   

Esta Ley contempla la creación de un Plan Andaluz de Acción por el Clima, con el que se pretende fomentar las medidas que contribuyan a la mitigación y la adaptación. Entre las medidas que se consideran transversales está el aumento de la capacidad de fijación de carbono, algo estrechamente ligado a la agricultura en general y, mucho más, a la agricultura ecológica, que no sólo fija carbono mediante los cultivos, sino también a través de la vegetación auxiliar (bosques isla, sotos, setos…) y el mantenimiento casi siempre de la cubierta vegetal… ¿Considera que en este sentido la agricultura ecológica puede ser una contribución esencial a estas medidas por el clima?

Efectivamente, la agricultura está considerada un área estratégica en la Ley desde dos vertientes: en cuanto a la adaptación, porque tenemos que proteger a la agricultura, por su vulnerabilidad frente al cambio climático; y en cuanto a la mitigación, porque es un contribuyente y un generador de gases de efecto invernadero. Entiendo que las prácticas que tiene la agricultura ecológica son totalmente coherentes con el cumplimiento de las medidas que establece la Ley, tanto generales como específicas. Podríamos afirmar que la agricultura ecológica tiene un valor importante como solución a la mitigación y a la adaptación al cambio climático.

 El Plan Andaluz también plantea medidas específicas en materia de agricultura y ganadería que ya se dan por ende en la producción ecológica (reducción de emisiones de metano, al tratarse por lo general de ganadería extensiva; gestión de estiércoles, al usarlos ya compostados; minimización de la fertilización nitrogenada, que no se usa en ecológico; aumento de la biomasa aérea y el carbono orgánico en el suelo, que en ecológico se consigue en mayor medida por la vegetación auxiliar)… Algo similar ocurre en cuanto a las medidas relativas al uso de la tierra (cubierta forestal, carbono orgánico en el suelo, incendios forestales…). Si esta Ley impulsa que se adopten esas medidas, entendemos que con ello se respaldan las prácticas desarrolladas por la agricultura ecológica, ¿esto puede traducirse en políticas específicas de fomento de esta agricultura, así como de otras prácticas que fomenten las medidas que busca la Ley?

Es importante entender que la Ley de Cambio Climático no regula otras políticas sectoriales, simplemente les establece objetivos. La agricultura tendrá un objetivo que será equitativo y equilibrado a la contribución que pensamos puede hacer. Ese objetivo se desarrollará a través de las políticas sectoriales que en Agricultura tenga la Junta de Andalucía, que yo entiendo y comparto que serán coherentes con un fomento de la agricultura ecológica. La agricultura ecológica tiene ya un peso muy importante en Andalucía, tenemos la mitad de la superficie española en ecológico, con lo que posiblemente en el sector de la agricultura nos encontremos parte del trabajo ya hecho, porque ya se está contribuyendo a esa reducción de emisiones. No puedo aventurarme a concretar el peso que va a tener la agricultura ecológica en la consecución del objetivo establecido, pero sí entiendo que, de forma razonable, se puede decir que estas políticas sobre cambio climático acabarán por fomentar la agricultura ecológica. No podría concretar el tipo de medidas y el modo en que va a desarrollarse ese fomento, pero sí puedo anticipar que en el marco europeo de ayudas que hay ahora mismo el 20% son para cambio climático y en el siguiente marco el porcentaje va a ser mucho mayor, con lo cual habrá un fomento importante de las líneas que apoyen políticas sectoriales que contribuyen a la reducción de emisiones y a la lucha contra el cambio climático.

¿Quiénes están obligados a cumplir esta Ley?

Las administraciones públicas -tanto Junta de Andalucía como Ayuntamientos-, el sector empresarial que disponga de instalaciones que puedan contribuir a las emisiones y el ciudadano, de forma indirecta, a través del cumplimiento de todas las políticas sectoriales que se establezcan en las áreas estratégicas.

 



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